La puerta cerrada

Si el alcalde prohíbe la compra a extranjeros, o si grava las segundas residencias con la fuerza suficiente para forzar una venta masiva, los propietarios ricos pueden hacer las maletas y marcharse a una jurisdicción fiscal más acogedora, llevándose consigo su renta disponible. Si eso ocurre, la frágil economía local se derrumba. Los fontaneros se quedan sin piscinas que mantener. Los restaurantes, sin comensales. El presupuesto municipal se hunde.

Pero si el alcalde no hace nada por miedo a provocar una recesión, los propietarios extranjeros seguirán comprando, los precios de la vivienda seguirán subiendo y la residencia fija, de todo el año, se volverá matemáticamente imposible para cualquiera que trabaje en el pueblo.

El pueblo se asfixia con el mismo capital que lo mantiene vivo.

Esta no es una situación aislada. Se repite con distintas variantes por toda la periferia europea, allí donde un comprador global y un salario local compiten por el mismo parque finito de viviendas, y donde nadie, ni desde lo público ni desde lo privado, construye para la gente que vive allí todo el año.